Por estos días se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la constitución política de Colombia. Una constitución que trajo consigo muchos progresos democráticos; que declaró que Colombia era un Estado social de derecho, un Estado con respeto por las diferentes creencias y opiniones. Pero también una constitución sin la cual no hubiera sido posible insertar en Colombia la nueva tendencia económica global impuesta desde los centros del poder, es decir, el neoliberalismo, globalización, libre comercio, o como lo denominó Henry Kissinger “el papel dominante de los Estados Unidos”
Esta nueva política se tradujo en el mundo en una nueva división del trabajo, pero a escala global. Unos países, los más poderosos y más desarrollados, en adelante inundarán el mundo con sus mercancías y productos de elaboración compleja, cargados de valor agregado, y se endilgaron el derecho de dictar política económica a los países que se encontraban dentro de su órbita de dominio, siempre bajo la máscara del FMI y del BM. Y los países con mayor atraso en lo económico continuaría, como en la época de la colonia, convertidos en proveedores de materia prima, es decir, explotando y vendiendo sus recursos naturales, pero sin mayor transformación.
Los que dicen saber mucho de mercado, han venido vendiendo la idea de que es él el que mejor asigna los recursos, y quien puede llegar a jugar un papel importante en la protección ambiental, porque crea los incentivos necesarios, dentro del juego de la libre empresa y “justa” competencia, para que esto se dé. Al respecto ha señalado Johan Holmberg, antiguo director del departamento de recursos naturales y medio ambiente de Londres, lo siguiente “no existe ninguna evidencia de que las fuerzas de mercado por sí solas podrán proteger el medio ambiente. Existen por el contrario muchas evidencias que comprueban que las fuerzas del mercado totalmente liberadas pueden degradar el medio ambiente a una gran velocidad.
Entonces, para poder hablar de sostenibilidad ambiental en un país como Colombia debemos partir de esa premisa, un país cuya economía es sostenida principalmente por la explotación de sus recursos naturales y por la eliminación de varios renglones económicos, como la industria y agricultura, dentro de un modelo mundial de liberalización comercial y de mercado. También vale la pena señalar que de manera paradójica, nunca se ha escrito tanta normatividad para regular el ambiente, tanto así, que la constitución también dio para ser llamada la "Constitución verde”, pero como dice el adagio popular, el papel lo aguanta todo.
Sin embargo hay que señalar que las tasas de afectación sobre los recursos naturales disminuyeron considerablemente después de 1990. Ejemplos como el del Chocó, donde la deforestación estaba disparada, disminuyó después de la Constitución y de leyes como la 99 del 1993, que crearon el Minambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que permitieron hasta cierto punto fortalecer la institucionalidad ambiental colombiana.
A pesar de las nuevas realidades institucionales y de los nuevos recursos imprimidos a las instituciones ambientales, se perdió en cierto grado, la autonomía que manejó el sector ambiental frente al ejecutivo y la línea programática que los gobiernos de turno asignan según sus prioridades empezó a ponerse en práctica en el sector ambiental, a través de dichas entidades.
La política ambiental empezó a ser discrecional según los intereses del gobierno de turno.
Lo anterior propiciado por varias políticas, como la fusión de ministerios, que produjo el debilitamiento de la capacidad política y técnica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y porque los recursos económicos para la gestión ambiental se redujeron sustancialmente, los dineros asignados por el presupuesto general de la Nación al sistema ambiental, cayeron intempestivamente en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues pasaron de un 0,19 por ciento del PIB en 1998, a entre un 0,06 y un 0.09 por ciento del PIB a partir de 1999. Pero más importante aún y de fondo, por el papel de neocolonia de Colombia en el mundo de la globalización.
Mientras el camino de lo ambiental es precario, por otro lado nos convierten a la minería en "locomotora de desarrollo”, es decir un cambio en el ordenamiento territorial colombiano, que va a terminar, de no existir un cambio de rumbo, en un ordenamiento dictado por el mercado, que como señala Rudas Lleras consultor del Consejo Nacional de Planeación, no es cualquier mercado sino uno cuya actividad es de las de más alto riesgo ambiental.
Entonces, ¿Desarrollo sostenible en Colombia? Cuando, como lo ha señalado el senador Robledo, la plata que normalmente se asigna para cubrir daños ambientales, es decir las regalías, van a ser centralizadas para cubrir déficit fiscal y pago de deuda, dejando a municipios y departamentos con menor posibilidad de solucionar las lacras sociales dejadas por proyectos de “desarrollo”
Referencia.
https://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/desarrollo-sostenible-en-colombia/323963